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Modifica la instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española de la Ley de Memoria Democrática. Permite pedir cita por internet en las Oficinas Consulares y acreditar con un justificante que la solicitud se hizo dentro del plazo, aunque la cita presencial sea posterior.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Fija directrices para tramitar la opción a la nacionalidad española prevista en la Ley de Memoria Democrática. Detalla quiénes pueden solicitarla, qué documentos presentar y ante qué oficina del Registro Civil hacerlo. El plazo para formalizar la declaración es de dos años, prorrogable uno más.

Establece instrucciones técnicas para que los Ayuntamientos gestionen el Padrón municipal: formación, actualización, revisión y custodia de los datos. Incluye cómo tramitar altas, bajas y cambios, y cómo remitir los datos al Instituto Nacional de Estadística (INE).

Reanuda los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia y para sefardíes originarios de España que estaban en tramitación o se inicien durante el estado de alarma por el COVID-19. Mantiene suspendido el plazo de 180 días para el juramento o promesa y la renuncia a la nacionalidad anterior ante el registro civil.