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Esta ley orgánica regula el sistema universitario español en su conjunto. Establece las funciones de las universidades, su autonomía, la creación de universidades públicas y privadas, la organización de las enseñanzas y títulos, la investigación, la gobernanza y el régimen económico y de personal.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para mejorar la atención de las necesidades básicas de las personas con protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las actuaciones financiables y la justificación de las ayudas.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para que paguen una ayuda económica directa a las personas con protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que no tengan recursos suficientes. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los destinatarios finales, las actuaciones financiables y las cuantías.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectos de inclusión social, con un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria. Con ello, la Comunidad de Madrid asume la prestación farmacéutica complementaria a las personas afectadas por el síndrome tóxico.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de los reales decretos que declararon y prorrogaron el estado de alarma por la COVID-19. Declara nulos los preceptos que designan autoridades competentes delegadas y les atribuyen potestades para restringir la circulación y la reunión, así como la extensión temporal de la prórroga y el régimen de rendición de cuentas.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para actuaciones de inclusión social, con un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Establece las normas para conceder de forma directa subvenciones a las comunidades autónomas que acojan a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están en los centros de protección de Ceuta. El objetivo es aliviar la presión sobre los recursos de protección de la infancia de Ceuta mediante la corresponsabilidad entre administraciones.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acuerda actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 para la festividad de San José y la Semana Santa de 2021. La resolución ordena publicar ese acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias. El dinero se destina a mejorar la atención y acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están bajo su tutela o acogida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto 926/2020, que declaró el estado de alarma por la COVID-19, contra partes de la Resolución del Congreso que autorizó su prórroga y contra partes del Real Decreto 956/2020, que prorrogó ese estado de alarma.

El Congreso autoriza prorrogar el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2, desde las 00:00 del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 del 9 de mayo de 2021. También fija cambios en el decreto que lo regula y obligaciones de información al Congreso.

Prorroga el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2 y fija su nueva duración. Mantiene medidas como limitar la circulación nocturna, restringir entradas y salidas entre territorios y limitar grupos de personas.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Modifica dos órdenes anteriores para ajustar las medidas de flexibilización de restricciones por el COVID-19 en las fases 2 y 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad. Concreta qué actividades y desplazamientos se permiten en cada fase.

Modifica varias órdenes para flexibilizar restricciones nacionales tras el estado de alarma por COVID-19 y fija qué unidades territoriales pasan a la fase 3 del plan de transición hacia la nueva normalidad.