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El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un ciudadano ruso al que se le expulsó de España por estancia irregular. Considera que los tribunales aplicaron la norma sancionadora de forma irrazonable al imponer la expulsión en lugar de la multa, vulnerando la tutela judicial efectiva y la legalidad sancionadora.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de las Illes Baleares contra el Real Decreto-ley 2/2025, sobre medidas urgentes para la infancia y adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo presenta el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger a la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un ciudadano colombiano y declara que se vulneró su derecho a la legalidad penal al aplicarle retroactivamente una versión del artículo 89 del Código penal que no estaba en vigor cuando ocurrieron los hechos. La sentencia anula las decisiones judiciales que ordenaron su expulsión de España.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. Esta norma aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias. El recurso se dirige también, de forma subsidiaria, contra varios apartados del artículo único y contra las disposiciones adicionales y finales indicadas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Cantabria contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regulaba la alerta sanitaria y las medidas frente a la covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos para adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud, y extiende la nulidad a otros preceptos por conexión.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo promueve el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Constitucional resuelve una impugnación del Gobierno de España contra varios apartados de un acuerdo del Gobierno de Canarias y una resolución autonómica sobre menores extranjeros no acompañados. La sentencia analiza si esas disposiciones excluyen la protección de estos menores cuando son rescatados en el mar o interceptados en la costa.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un ciudadano marroquí condenado penalmente. Las resoluciones judiciales que autorizaron su expulsión del país no le dieron un trámite real de audiencia antes de decidir. Se declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una impugnación del Gobierno de la nación contra varios apartados de un acuerdo del Gobierno de Canarias y una resolución sobre menores extranjeros no acompañados. La admisión suspende esas disposiciones desde el 26 de septiembre de 2024.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una persona a la que se expulsó de España por estar en situación irregular. Declara que se vulneró su derecho a la legalidad sancionadora porque se aplicó la expulsión en lugar de la multa prevista como sanción principal.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de un hombre contra las resoluciones judiciales que autorizaron su extradición a Marruecos. El tribunal considera que no se vulneraron sus derechos a la tutela judicial, a la defensa, a un proceso con garantías ni a la libertad personal.