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Regula la protección y ordenación del litoral de Cataluña. Crea planes de protección y ordenación del litoral y planes de uso de playas, y fija cómo se autorizan y conceden los usos del dominio público marítimo-terrestre.

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Crea la Agencia de la Naturaleza de Cataluña como entidad pública con personalidad jurídica propia. Le encarga la conservación, la gestión y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad en Cataluña. Regula sus órganos de gobierno, funciones, personal, financiación y control.

La ley protege, conserva y pone en valor los olivos y olivares monumentales de Cataluña. Crea un catálogo y una comisión técnica, regula restricciones y acuerdos con los titulares, y prohíbe actuaciones contra estos árboles. También fija un régimen sancionador y medidas de financiación y promoción.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Modifica las medidas de compensación económica a centros sanitarios por la COVID-19, aplaza el cobro del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de 2019 y 2020 y crea una prestación extraordinaria para suministros básicos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.

La ley regula la prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos en Cataluña. Establece obligaciones para las empresas de la cadena alimentaria, la restauración, la Administración y las entidades sociales que distribuyen alimentos. También fija un plan estratégico de prevención y un régimen de infracciones y sanciones.

Autoriza endeudamiento público, avales y otras garantías para cubrir necesidades financieras urgentes mientras los presupuestos de la Generalidad de Cataluña están prorrogados en 2020. También modifica el texto refundido de la legislación de aguas de Cataluña en lo relativo al tipo de interés aplicable al colector de salmueras.

Modifica la Ley 16/2017 del cambio climático de Cataluña para ajustar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Regula cómo calcular las emisiones cuando la ficha técnica del vehículo no las incluye y añade el padrón de contribuyentes y las reglas de pago.

Modifica la Ley catalana de cambio climático y la Ley de urbanismo, y regula la autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Establece criterios de implantación, trámites de información pública y evaluación de impacto ambiental, y limita el uso de coque de petróleo y carbón en la industria.