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La ley regula la caza y la pesca en la Comunidad de Madrid. Fija qué especies se pueden cazar y pescar, cómo se clasifican los terrenos y las aguas, los requisitos para cazar o pescar, los periodos y medios permitidos, la planificación y el régimen de infracciones y sanciones.

Deja sin efecto la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La dirección y coordinación de la emergencia vuelve a las comunidades autónomas, que pasan a la situación operativa 2 de sus planes de protección civil.

Modifica la Ley 3/2024 para ampliar las medidas urbanísticas que permiten aumentar la oferta de vivienda de protección pública. Facilita el cambio de uso de edificios y parcelas de oficinas a vivienda protegida en alquiler sin recalificar el suelo.

Declara la emergencia de interés nacional por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. El Ministro del Interior asume la dirección de la emergencia y la dirección operativa corresponde a la Unidad Militar de Emergencias.

Habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de incendio forestal, desórdenes públicos en espectáculos y delitos contra el patrimonio cultural. Para ello modifica tres leyes autonómicas.

Acuerdo entre España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para celebrar en Madrid, del 24 al 28 de noviembre de 2025, una reunión técnica sobre la toma de decisiones y las funciones de reguladores y licenciatarios en la disposición final geológica de desechos radiactivos. España acoge el evento y asume compromisos de visados, aduanas, locales y seguridad.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. La ampliación se concede directamente a tres comunidades autónomas que lo solicitaron.

La ley regula en la Comunidad de Madrid el paso a un modelo de economía circular: reducir residuos, reutilizar y reciclar materiales. Establece la planificación y las competencias, medidas para empresas y contratación pública, cadenas de valor prioritarias y el régimen de residuos, inspección y sanciones.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para facilitar la creación de suelo destinado a vivienda protegida. Permite implantar viviendas públicas de protección en suelos vacantes de la red de servicios y de equipamiento, reduciendo cargas urbanísticas en esos procesos.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para simplificar y agilizar el funcionamiento de sus instituciones y organismos. Regula el estatuto de los expresidentes, la evaluación posterior de las normas y crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2023 de la Comunidad de Madrid, que simplifica y mejora la eficacia de sus instituciones y organismos. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Suprime los dos impuestos propios de la Comunidad de Madrid (el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados y el impuesto sobre depósito de residuos) y el recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

Amplía el presupuesto del Programa MOVES II, que da ayudas para una movilidad eficiente y sostenible, en 19.830.989,13 euros. Ese dinero se reparte entre cinco comunidades autónomas que habían agotado su asignación y tenían solicitudes en lista de espera.