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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, que trata la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Regula la concesión directa de dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, la cuantía, el pago y la justificación.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. La norma adapta la regulación española al derecho de la Unión Europea.

Fija las cuantías de las indemnizaciones para las personas que sufren accidentes al colaborar en la extinción de incendios forestales. Incluye pagos por muerte o incapacidad y la asistencia médica y hospitalaria hasta la curación. También establece las tarifas de primas del seguro y su compatibilidad con otros seguros.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.