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Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Actualiza el objetivo de venta o consumo de biocarburantes para 2026, modificando el Real Decreto 1085/2015 de fomento de los biocarburantes. Fija las nuevas metas que deben cumplir los proveedores de combustible ese año.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

El real decreto aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras la crisis de electricidad del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos de informe e inspección a la CNMC y al operador del sistema, y simplifica la tramitación para generación renovable y almacenamiento.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, que aprobaba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

Establece las instrucciones técnicas para que los operadores de puntos de recarga eléctrica de acceso público envíen información dinámica (localización, características, disponibilidad y precio) al Sistema de Gestión y Visualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado provisionalmente por Red Eléctrica de España.

La ley regula en Aragón el autoconsumo eléctrico, las comunidades de energía (ciudadanas, renovables y mancomunidades) y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de proyectos de generación renovable y crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece orientaciones de política energética para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la modificación de la metodología que fija la tasa de retribución financiera de las redes de electricidad y gas. La CNMC debe tener en cuenta estas orientaciones al tramitar la nueva circular.

Establece orientaciones de política energética que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe seguir al aprobar sus circulares de 2024 sobre el sector del gas natural. Se centran en adaptar el acceso al sistema gasista a la descarbonización, con un procedimiento para conectar e inyectar biometano.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2024, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y actualización de tributos propios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2023, que recoge medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

La orden regula qué información deben enviar las empresas que ofrecen servicio de recarga para vehículos eléctricos al Ministerio para la Transición Ecológica, a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla. Establece el contenido, la frecuencia, los plazos y la forma de remisión de esos datos.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

Establece las orientaciones de política energética que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe seguir al aprobar la circular sobre acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de consumo de energía eléctrica.