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Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2024. Fija los créditos iniciales y su financiación, las normas de modificación de créditos, los gastos de personal, la gestión presupuestaria, las operaciones financieras y las normas tributarias.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Administración general, sus organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. Fija los créditos iniciales de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública y tributos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020. Fija los créditos iniciales de la Administración general, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación, modificación y gestión.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Amplía de uno a dieciocho meses el plazo para presentar la cuenta justificativa de las ayudas recibidas para reparar viviendas dañadas por el terremoto de Lorca de 2011. También aplica este sistema a expedientes en tramitación y a comunidades de propietarios.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020, fijando los ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y medidas tributarias.