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Regula los grados A, B y C de Formación Profesional de varias familias profesionales: Administración y Gestión, Agraria, Informática y Comunicaciones, y Madera, Mueble y Corcho. Establece estos grados para distintos títulos de Técnico Básico, Técnico y Técnico Superior, y regula el profesorado y personal formador.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Modifica el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para adaptarlo a cambios legales recientes y a una directiva europea. Incorpora la obligación de que las sociedades gestoras de fondos tengan en cuenta los riesgos de sostenibilidad en sus procesos y controles internos.

Actualiza los modelos oficiales para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Incluye el porcentaje de mujeres en el órgano de administración y permite informar de forma voluntaria sobre emisiones de CO2, consumo de agua y electricidad. También corrige y ajusta hojas de los modelos anteriores.

Establece el sistema de recursos propios de la Unión Europea: las categorías de ingresos con los que se financia, cómo se calculan y los límites máximos. Incluye medios extraordinarios y temporales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y deroga la decisión anterior de 2014.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.