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Regula cómo se compone y funciona el Consejo Estatal de Protección Animal y el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Concreta sus funciones, presidencia, secretaría, vocales y estructura, en desarrollo de la Ley 7/2023.

Crea un procedimiento para comprobar si los campings de Cataluña situados en zonas con riesgo de inundación son viables y seguros para las personas. Regula dos comisiones (Técnica y de Gobierno) que tramitan, proponen y resuelven cada caso, y prevé medidas provisionales y de seguimiento.

Establece medidas urbanísticas urgentes para facilitar la reconstrucción en la Comunitat Valenciana tras los daños de la dana de octubre de 2024. Regula planes especiales de reconstrucción, modificaciones de planeamiento municipal, proyectos de reconstrucción local y reglas de compatibilidad urbanística.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Modifica dos reales decretos para cambiar la composición y las funciones de los órganos colegiados que se ocupan de la lucha contra la desertificación en España. Crea un órgano consultivo y de cooperación dentro de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y otro de apoyo y coordinación con la comunidad científica y la sociedad civil.

Regula cómo se crean y funcionan los tres órganos que representan y gobiernan la laguna del Mar Menor y su cuenca: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, dentro de la Tutoría del Mar Menor. Desarrolla la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna.

Crea tres Oficinas Técnicas dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una para cada Comisionado: Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento; Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas; y Economía Circular. Cada oficina dará apoyo técnico y administrativo al Comisionado correspondiente.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula el uso de los terrenos cubiertos por la lava según su espesor y crea el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Modifica la orden que crea los Premios «Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos» para incorporar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la comisión que valora las candidaturas.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

Aprueba el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y fija criterios mínimos comunes para gestionar esa red de forma coordinada y coherente. También modifica dos reales decretos sobre especies silvestres y sobre integración de espacios marinos protegidos.

Establece un marco general en toda España para aportar nutrientes a los suelos agrarios de forma sostenible. Regula el registro de las operaciones en el cuaderno de explotación, el plan de abonado, los límites de metales pesados y las condiciones de uso de estiércoles, residuos y agua de riego.