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Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea el Comité de Caza como órgano de coordinación de la gestión cinegética en España. Lo forman un representante técnico de cada comunidad autónoma y representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Regula también su composición, funciones, suplencias, funcionamiento y una comisión técnica asesora.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica el Real Decreto 53/2013 sobre protección de animales usados en experimentación y docencia. Actualiza los anexos II y III sobre alojamiento, cuidado y métodos de eutanasia, e introduce cambios administrativos y de organización, como un programa nacional de control oficial y un punto de contacto con la Comisión Europea.

Modifica el destino de los ingresos del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de la producción de energía eléctrica nuclear. Amplía el fondo nuclear a proyectos de reindustrialización, transición energética, vivienda, salud, educación y servicios sociales, y crea fondos de gestión forestal y de protección del sector pesquero.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Establece las directrices y criterios comunes que deben seguir las comunidades autónomas para elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los planes deben cubrir todo el año, con análisis de riesgo, zonificación del territorio, catálogo de medios y medidas preventivas.

Crea la Oficina Técnica de Desertificación dentro de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Esta oficina se encarga de coordinar y apoyar las actuaciones contra la desertificación previstas en la Estrategia Nacional y su plan de acción.

Actualiza la composición y el funcionamiento del Comité de Participación del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente. Adapta este órgano a la nueva estructura de la Administración General del Estado y a la Ley 40/2015. Regula quién lo forma, cómo se nombra a sus miembros y sus funciones.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.