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Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Crea y regula el Comité de Riesgos de Fraude del Ministerio de Universidades, un órgano colegiado para gestionar los fondos Next Generation UE. Define sus funciones, su composición y su régimen de funcionamiento, en cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial, cuando está en funciones, pueda proponer el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. Fija un plazo máximo de tres meses desde el fin del mandato anterior para hacer la propuesta, por mayoría de tres quintos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a varias entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica el Código Penal para incluir la aporofobia y la exclusión social como motivos de discriminación en los delitos de odio. También actualiza los artículos 22 y 510 sobre penas por fomentar, difundir o lesionar la dignidad de grupos discriminados.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad sobre cómo se acredita administrativamente que una persona es víctima de trata de seres humanos o de explotación sexual. El acuerdo fija el procedimiento y los documentos para obtener esa acreditación.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un nuevo supuesto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esta sala conocerá de las solicitudes del Gobierno para convalidar o revocar acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o de explotación de redes, previstos en la Ley General de Telecomunicaciones.