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La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. Fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, las retribuciones del personal y las normas de gestión presupuestaria, tributaria y financiera.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Modifica la Ley de Asistencia Jurídica de la Región de Murcia en dos puntos. Atribuye a los letrados de la Dirección de los Servicios Jurídicos la representación y defensa en juicio del Servicio Murciano de Salud sin necesidad de convenio. También recupera un párrafo del artículo 11.1 que se había suprimido en 2017.

Regula la sucesión voluntaria pactada o contractual en las Illes Balears. Ordena los pactos sucesorios por islas: Mallorca y Menorca (donación universal y definición) y Eivissa y Formentera (pactos de institución y de finiquito o renuncia).

La ley regula el reconocimiento, la reparación y la dignificación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista. Crea instrumentos para buscar e identificar a personas desaparecidas y ordena retirar símbolos contrarios a la memoria democrática.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

Modifica la Ley 20/1998 de transportes urbanos de la Comunidad de Madrid para incluir en su regulación la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Ajusta la norma autonómica a la estatal, que reserva a estas autorizaciones el transporte interurbano.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.