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Crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía como corporación de derecho público. Regula su ámbito territorial en Andalucía, quiénes pueden colegiarse, su relación con la Administración autonómica y el periodo para constituirse.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos contra el Real Decreto 666/2023, que regula los medicamentos veterinarios. Anula el inciso «sujetos a prescripción» del artículo 2.2.a) y rechaza el resto del recurso.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas ayudas financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2025.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Supremo estima el recurso de varios Colegios de Procuradores y anula el Real Decreto 307/2022, que modificaba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. La norma anulada deja de ser válida y se ordena publicar el fallo en el BOE.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2024.

Modifica los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y de su Consejo General. Cambia el funcionamiento de los cargos directivos del Consejo General y amplía su mandato a cuatro años, sin renovación por mitad cada dos años.

Aprueba el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que sustituye al de 2001. Regula la profesión de abogado: colegiación, ejercicio, incompatibilidades, secreto profesional, honorarios, formas de ejercicio, deontología, formación y organización colegial.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2020.