Buscar en el BOE

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra varios artículos y una disposición adicional del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El conflicto afecta a los artículos 15.3 a), 26.2 c), 28.2, 29.4 y la disposición adicional novena de ese reglamento.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.