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Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

España ratifica el Protocolo de Luxemburgo, que regula las garantías internacionales sobre material rodante ferroviario dentro del Convenio sobre garantías internacionales de elementos de equipo móvil. El Protocolo establece reglas sobre inscripción de garantías, prioridades, cesiones y jurisdicción.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Crea la Unidad de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta unidad vigila el uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE) en proyectos de ese ministerio. Regula su composición, funciones y forma de funcionar.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

España ratifica el Acuerdo marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Australia, firmado en Manila el 7 de agosto de 2017. El Acuerdo establece un marco de diálogo político y cooperación entre las partes en materias como seguridad, comercio, desarrollo, justicia, investigación, cultura, medio ambiente y energía.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

España ratifica el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Nueva Zelanda, firmado en Bruselas el 5 de octubre de 2016. El acuerdo establece un marco de diálogo político y cooperación en materias como comercio, justicia, investigación, medio ambiente, energía y transporte.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

España ratifica el Acuerdo de la Unión Europea para terminar los tratados bilaterales de inversión entre sus Estados miembros. El Acuerdo entró en vigor general el 29 de agosto de 2020 y para España el 10 de octubre de 2021.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

Crea la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional dentro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La unidad coordina la actuación de la inspección frente al fraude en desplazamientos temporales de trabajadores entre países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

El Acuerdo dispone la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros de la Unión Europea. También regula el fin de las cláusulas de remanencia y el tratamiento de los arbitrajes entre inversores y Estados, incluidos los pendientes y los concluidos.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendido el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 de la Generalidad de Cataluña. La suspensión se había acordado al admitir un conflicto de competencia planteado por el Gobierno de la Nación.