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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Madrid 5/2022, que modifica la Ley 20/1998 de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. La sentencia examina si esa ley autonómica invade competencias del Estado y vulnera la autonomía local al regular el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, que modifica la Ley 20/1998 de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados de varios grupos parlamentarios.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASTAC Catalunya contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre formación de conductores de transporte por carretera y documentos de control. Anula el artículo 2, apartado 22, en el primer párrafo de su segundo apartado, que daba nueva redacción al artículo 44 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. Rechaza el resto del recurso y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Comité Nacional de Transporte por Carretera contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre formación de conductores y control del transporte por carretera. Anula el artículo 98 de ese real decreto y no impone costas.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. Fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, las retribuciones del personal y las normas de gestión presupuestaria, tributaria y financiera.