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Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para reforzar la protección y asistencia a mujeres y niñas víctimas de violencia en Ceuta. Las actuaciones se centran en prevención, detección temprana, acompañamiento especializado y acogida de emergencia ante violencia de género, sexual, explotación sexual y trata.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades relacionadas con la investigación y el conocimiento, sin convocatoria pública. Fija las entidades beneficiarias, el procedimiento, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago, la justificación y los reintegros.

El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modificaba la Ley 5/2017 sobre participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. La ley está recurrida por el presidente del Gobierno y su aplicación queda suspendida mientras se resuelve el recurso.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para el ejercicio presupuestario 2026. El dinero financia la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Concede una subvención directa a la Universidad Pública de Navarra para elaborar un inventario de edificaciones y obras hechas por personas sometidas a trabajos forzados bajo el franquismo en el ámbito penitenciario y concentracionario. También incluye identificar a las entidades y empresas beneficiarias de esa explotación y a las víctimas.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.