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Establece un marco de cooperación policial entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar para que los agentes de un país puedan continuar la vigilancia de una persona en el territorio del otro y no interrumpir la persecución. Crea un grupo de trabajo conjunto y fija condiciones para esas actuaciones.

Establece un convenio entre España y Bolivia para cooperar en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada. Enumera los delitos incluidos, como terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas, delitos informáticos y falsificación. Regula la colaboración entre las autoridades competentes de ambos países.

Establece un marco de cooperación entre España y los Emiratos Árabes Unidos para mantener la seguridad y luchar contra la delincuencia. Incluye el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y armas, la ciberdelincuencia y el blanqueo de dinero, entre otros delitos.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, que sustituye a la de 2019-2023. La orden publica el acuerdo y su texto como anexo para conocimiento general.

Crea el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave como órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional. El Comité propone directrices de planificación y coordinación y refuerza el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional en ese ámbito.

Modifica el artículo 12 del Convenio entre España y Andorra sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia y la seguridad. Establece que el Convenio se aplica según la legislación interna de cada país y no afecta a otros acuerdos internacionales, en especial al Convenio para evitar la doble imposición.

Publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta estrategia actualiza la de 2019 y organiza la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en cuatro pilares: Prevenir, Proteger, Perseguir y Preparar la Respuesta.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba revisar la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, vigente desde 2019. La orden publica ese acuerdo y el procedimiento para elaborar la nueva estrategia, coordinado por el Ministerio del Interior.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Establece un marco de cooperación policial entre España y Ecuador para intercambiar información de inteligencia e investigar la delincuencia organizada transnacional. Fija las áreas de delito cubiertas, el procedimiento de cooperación, los órganos competentes y la protección de la información intercambiada.

Establece un marco de cooperación entre España y Marruecos para luchar contra la delincuencia, en especial la organizada. Incluye el intercambio de información y la asistencia mutua entre las autoridades competentes de ambos países en delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas o blanqueo de dinero.

Establece un marco de cooperación entre España y Uzbekistán para luchar contra la delincuencia, especialmente la organizada. Las autoridades competentes de ambos países colaborarán directamente en la prevención e investigación de delitos como terrorismo, tráfico de personas, drogas, armas o corrupción.

Establece un convenio entre España y Andorra para cooperar en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, y en materia de seguridad. Incluye delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero y falsificación, entre otros.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Declara que algunos preceptos son conformes a la Constitución si se interpretan de una determinada manera. Los preceptos afectan a los cacheos, al uso de imágenes de agentes, a la ocupación de inmuebles y al rechazo en frontera de Ceuta y Melilla.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra varios artículos de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Anula en parte el precepto que sancionaba el uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o agentes de policía y ordena interpretar otros preceptos conforme a la Constitución.

Aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, que reúne y ordena en un solo texto las normas sobre la Ertzaintza y las policías locales. Regula la organización policial, la selección de personal y el régimen estatutario de los funcionarios de policía.