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El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

Modifica la Ley 4/2014 de transportes terrestres de las Illes Balears para regular los servicios de taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) de hasta nueve plazas. Establece condiciones de explotación y suspende nuevas autorizaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 173 de la Ley valenciana 7/2021, que añadió una regla de distancias mínimas para almacenamiento de productos petrolíferos. La sentencia declara inconstitucional aplicar esa regla a los puertos de interés general titularidad del Estado.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. Fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, las retribuciones del personal y las normas de gestión presupuestaria, tributaria y financiera.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.