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Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Modifica dos reales decretos de subvenciones para Memoria Democrática. Cambia la referencia al presupuesto de 2024 por el de 2025, para poder tramitar las transferencias de crédito y pagar las subvenciones en ese año.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.

Regula la ayuda económica para víctimas de violencias sexuales que carezcan de recursos suficientes, prevista en la Ley Orgánica 10/2022. Fija quién puede solicitarla, cómo se acredita la condición de víctima, el plazo de solicitud, la cuantía, el pago, la tramitación y el reembolso. También modifica el real decreto que regula la ayuda económica para víctimas de violencia de género.

Aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El protocolo se aplicará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto.

Modifica el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y el de Cotización. Permite fraccionar el pago de prestaciones percibidas indebidamente siempre que se solicite y suaviza las causas de revocación del fraccionamiento. También ajusta el embargo de cuentas, las subastas de bienes embargados y la domiciliación de cuotas.

Modifica el reglamento de las escuelas particulares de conductores y el reglamento general de conductores para adaptarlos al título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible. Permite que quienes tengan ese título puedan ser profesores de formación vial o directores de escuelas de conductores.

Modifica el Reglamento de Armas para actualizar el control sobre la adquisición, tenencia y uso de armas. Cambia el registro de datos sobre armas y las obligaciones de identificación de sus propietarios ante la Guardia Civil.

Crea en el Ministerio de Justicia el Registro Central de Titularidades Reales, único para todo el país, y aprueba su reglamento. El registro reúne datos sobre quién es el titular real de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, y regula quién puede acceder a esa información y cómo.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Establece las normas para aplicar penalizaciones a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España durante 2023-2027. Regula cuándo y cómo se reducen o retiran estas ayudas si se incumplen requisitos, y modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la PAC.

Modifica el Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con el País Vasco. Actualiza sus procedimientos para adaptarlos a los cambios de los artículos 47 ter, 64 y 68 del Concierto. Incluye un procedimiento abreviado, la extensión de efectos de resoluciones firmes y un incidente de ejecución.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Cambia el Real Decreto 425/2016, que regula la concesión de estas ayudas a los agricultores que contratan seguros agrarios.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

Establece las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el primer tramo de 2020 destinadas a pescadores cuya actividad se paralizó por el COVID-19 y que tramitaron una suspensión de contrato o reducción de jornada. Las ayudas las gestiona el Instituto Social de la Marina y se pagan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Prorroga el estado de alarma declarado por el COVID-19 hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020. Fija el procedimiento para la desescalada y el marco de acuerdos con las comunidades autónomas, y mantiene la suspensión de plazos procesales y administrativos.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.