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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Regula la concesión directa y excepcional de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de las beneficiarias y el reintegro.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica la orden que regula las subvenciones para proyectos de innovación sobre desinstitucionalización y servicios de apoyo comunitarios en cuidados de larga duración. Cambia plazos de ejecución y justificación, y el pago anticipado de la subvención, para que las entidades beneficiarias puedan ejecutar sus proyectos.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados del Decreto-ley catalán 37/2020, que exigía acreditar una oferta de alquiler social antes de iniciar acciones judiciales de desahucio o ejecución hipotecaria. El tribunal considera que esa exigencia regula materia procesal, competencia exclusiva del Estado.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, que crea el ingreso mínimo vital. La sentencia analiza si el Estado puede asumir la gestión de esta prestación a través del INSS y declara constitucionales los preceptos que le atribuyen esa gestión.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, sobre protección del derecho a la vivienda ante la pandemia de COVID-19.

Establece reglas especiales para conceder y tramitar ayudas públicas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y convocatorias propias. También modifica la Ley 5/2018 de vivienda y otras normas sobre viviendas desocupadas y fianzas de alquiler.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 20/2020, que establece el ingreso mínimo vital.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en vivienda y transportes. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.