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La ley tipifica como infracciones administrativas las agresiones a profesionales sanitarios y demás personal de la red sanitaria pública de la Región de Murcia cuando actúan en sus funciones. Establece las sanciones correspondientes y el procedimiento para imponerlas.

Modifica la Ley de salud de Galicia para añadir medidas de prevención y protección frente a la violencia contra el personal sanitario. Incluye campañas de sensibilización social y regula cómo se aplican las medidas ya adoptadas.

Modifica dos leyes forales de Navarra sobre transparencia y buen gobierno y sobre la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Incluye a esta Oficina entre los sujetos obligados por la ley de transparencia y ajusta las obligaciones de publicidad activa. También regula los grupos de interés y el mandato de los miembros del Consejo de Transparencia.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan estatal para controlar que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados usados en España se hayan obtenido legalmente. El plan desarrolla el Protocolo de Nagoya y el Reglamento (UE) n.º 511/2014.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Amplía las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, aprobando el Acuerdo de la Junta de Transferencias de 25 de marzo de 2025.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.