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Modifica la Ley Foral General Tributaria de Navarra para aplicar la Directiva europea DAC 7 sobre cooperación administrativa en materia fiscal. Introduce la obligación de informar sobre operadores de plataformas digitales y regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre Estados miembros.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

El Tribunal Supremo suspende la aplicación de un apartado del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. Ese apartado obliga a un intermediario eximido a comunicar su situación en cinco días a otros intermediarios y al obligado tributario. La suspensión dura hasta que haya sentencia.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

El Tribunal Constitucional declara extinguido, por pérdida sobrevenida de objeto, el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de Canarias contra un apartado de la Ley 11/2021 sobre fraude fiscal. El recurso alegaba que esa norma vulneraba la garantía del régimen económico y fiscal de Canarias.

Modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para incorporar al derecho español las normas de la Unión Europea que neutralizan las asimetrías híbridas. Estas asimetrías son situaciones en las que una misma operación permite una doble deducción o una deducción sin inclusión del pago en la renta.

Actualiza los diseños y la forma de cumplimentar varios modelos informativos tributarios anuales, entre ellos los de alquileres, donativos, cotizaciones por maternidad, activos financieros y cuentas financieras. Introduce precisiones técnicas para evitar errores al rellenarlos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Canarias contra un apartado de la Ley 11/2021, de medidas contra el fraude fiscal. El recurso se dirige a la disposición final primera, apartado cuarto, de esa ley.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Aprueba los modelos 234, 235 y 236 para declarar a Hacienda información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Regula quién debe presentarlos, su contenido, los plazos y la presentación electrónica.

Establece reglas entre España y el Reino Unido, en relación con Gibraltar, sobre residencia fiscal de personas y entidades, cooperación administrativa en materia fiscal e intercambio de información. También fija la aplicación en Gibraltar de normas de transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales.

Establece instrucciones para un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos y la Dirección General de Tributos, con la colaboración de la Agencia Tributaria. También regula el intercambio estable de información entre estos órganos y la entrega de notificaciones urgentes por agentes de la Agencia.