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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

Modifica la Ley 12/2002 del Concierto Económico con el País Vasco para adaptarla a cambios del sistema tributario estatal. Incluye la concertación del Impuesto Complementario y del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. La admisión solo inicia el proceso: el Tribunal aún debe decidir sobre el fondo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. El recurso se dirige al apartado veintiuno de la disposición final novena de esa ley.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2023, que recoge medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Aprueba la metodología para calcular el cupo que el País Vasco aporta al Estado durante los años 2022 a 2026. También fija el cupo del año base 2022 y regula los ajustes por impuestos como el IVA y los impuestos especiales.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Modifica las leyes forales de Navarra sobre Impuestos Especiales y sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido para que coincidan con las normas estatales tras la Ley 11/2021. Incluye nuevos supuestos de infracción por diferencias de productos en impuestos especiales.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

Modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa y otras normas tributarias. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2017/1852 sobre resolución de litigios fiscales entre Estados miembros y medidas del Proyecto BEPS de la OCDE. Regula cómo se inician, desarrollan y terminan estos procedimientos, incluidas comisiones consultivas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.