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El Tribunal Constitucional declara extinguido un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso había perdido su objeto porque esa disposición ya fue anulada por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de presupuestos de 2022, que modificaba la Ley de bases del régimen local para cambiar la selección, provisión y nombramiento de funcionarios con habilitación nacional en el País Vasco. La sentencia declara nula esa disposición.

Establece un acuerdo entre España y la Corte Penal Internacional para que España envíe jóvenes graduados (funcionarios subalternos del cuadro orgánico) a trabajar temporalmente en la CPI. España paga sus gastos y la CPI decide su nombramiento y los supervisa.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para regular un nuevo permiso parental no retribuido hasta los 8 años del menor y mejorar el permiso de lactancia, y reforma la protección por desempleo para simplificar y mejorar su nivel asistencial.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2021, que regula medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. La sentencia concluye que la norma respeta los límites de la Constitución para los decretos-leyes.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son órganos técnicos que auxilian a la Justicia con pruebas periciales médicas y de laboratorio. Regula su organización, personal, actividades de formación e investigación y colaboración con otras instituciones.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de un decreto-ley aragonés que regulaba unidades de apoyo, la atribución temporal de funciones al personal y el disfrute de vacaciones. La inadmisión se debe a que el planteamiento del tribunal solicitante no estaba formulado correctamente.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria primera, apartado 2, de la Ley asturiana 2/2007, de coordinación de policías locales. Declara nulo ese precepto, que permitía a los policías locales promocionar internamente sin la titulación exigida.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Modifica la Ley Foral 16/2019 para cambiar cómo se calculan las indemnizaciones y la asistencia sanitaria de las víctimas de actos de motivación política en Navarra. Deja de aplicarse el sistema de ayudas complementarias del 30 % previsto para víctimas del terrorismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de coordinación de policías locales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo plantea la posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución. La Sala Segunda se encarga de su conocimiento.