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Modifica el Código Penal para añadir un supuesto agravado del delito de trata de seres humanos. Se aplica cuando la víctima es una persona cuya vulnerabilidad se origina o agrava por un desplazamiento debido a un conflicto armado o una catástrofe humanitaria.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos varios apartados del Decreto 87/2020 del Presidente de Canarias que establecía el cierre perimetral de la comunidad. La suspensión afecta a los pasajeros que llegan de otro Estado y garantiza que no se aplique lo más restrictivo que el artículo 6 del Real Decreto 926/2020, del estado de alarma.

Modifica la normativa canaria de atención a la infancia para que los centros de atención inmediata funcionen como dispositivos de emergencia para acoger a menores extranjeros no acompañados. También cambia el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Declara que algunos preceptos son conformes a la Constitución si se interpretan de una determinada manera. Los preceptos afectan a los cacheos, al uso de imágenes de agentes, a la ocupación de inmuebles y al rechazo en frontera de Ceuta y Melilla.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra varios artículos de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Anula en parte el precepto que sancionaba el uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o agentes de policía y ordena interpretar otros preceptos conforme a la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Reanuda los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia y para sefardíes originarios de España que estaban en tramitación o se inicien durante el estado de alarma por el COVID-19. Mantiene suspendido el plazo de 180 días para el juramento o promesa y la renuncia a la nacionalidad anterior ante el registro civil.