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Establece las condiciones para flexibilizar las restricciones del estado de alarma por COVID-19 en la fase 3 del plan de transición. Regula la libertad de circulación, la apertura de comercios, hostelería, hoteles, cultura, deporte, turismo y otros actos, con medidas de higiene y aforo.

Aclara cómo afecta el fin de la suspensión de los plazos administrativos, desde el 1 de junio de 2020, a actuaciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Indica qué plazos se reanudan y cuáles siguen suspendidos.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Establece medidas urgentes para afrontar el impacto del COVID-19 en Cataluña. Incluye recuperar un complemento del personal sanitario, agilizar el destino final de los fallecidos y regular el funcionamiento de entidades deportivas y personas jurídicas.

El Congreso autoriza prorrogar el estado de alarma por el COVID-19 desde las 00:00 del 24 de mayo hasta las 00:00 del 7 de junio de 2020. La prórroga mantiene las condiciones del Real Decreto 463/2020 y regula el paso entre fases de la desescalada.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Prorroga el estado de alarma declarado por el COVID-19 hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020. Fija el procedimiento para la desescalada y el marco de acuerdos con las comunidades autónomas, y mantiene la suspensión de plazos procesales y administrativos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para reducir el impacto económico del COVID-19. Amplía plazos para presentar declaraciones de impuestos y la cuenta general de 2019, y aplica una exención temporal de tasas portuarias a determinadas navieras.

Reanuda de forma paulatina en los centros penitenciarios las comunicaciones ordinarias de los internos, las salidas de permiso y programadas, los traslados y las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas. Estas actividades pueden volver a suspenderse si la situación epidemiológica lo aconseja.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, que recogía medidas urgentes frente al impacto económico y social del COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes frente al COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19, sus prórrogas y una orden sobre velatorios y ceremonias fúnebres. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.