Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. La admisión solo inicia el proceso: el Tribunal aún debe decidir sobre el fondo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. El recurso se dirige al apartado veintiuno de la disposición final novena de esa ley.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese impuesto es constitucional, al ser un tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo regula el gravamen temporal energético y de entidades de crédito.

Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

España comunica a la ONU que rechaza la reserva y la declaración que Líbano presentó al adherirse al Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. España considera que esas reservas van contra el objeto y fin del Convenio y contra su artículo 6.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.