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España ratifica el Acuerdo marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Australia, firmado en Manila el 7 de agosto de 2017. El Acuerdo establece un marco de diálogo político y cooperación entre las partes en materias como seguridad, comercio, desarrollo, justicia, investigación, cultura, medio ambiente y energía.

Crea un equipo conjunto de investigación entre los ministerios del Interior de España y Albania para luchar contra la delincuencia organizada transnacional. El equipo funciona como canal directo de intercambio de información entre las policías de ambos países, sin sede fija.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

España ratifica el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Nueva Zelanda, firmado en Bruselas el 5 de octubre de 2016. El acuerdo establece un marco de diálogo político y cooperación en materias como comercio, justicia, investigación, medio ambiente, energía y transporte.

Crea un equipo mixto de cooperación policial entre España y Níger para luchar contra el terrorismo y las redes criminales asociadas. El equipo refuerza las capacidades de la policía nigerina y comparte información y formación.

Establece un marco de cooperación entre España y Marruecos para luchar contra la delincuencia, en especial la organizada. Incluye el intercambio de información y la asistencia mutua entre las autoridades competentes de ambos países en delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas o blanqueo de dinero.

Establece un marco de cooperación entre España y Uzbekistán para luchar contra la delincuencia, especialmente la organizada. Las autoridades competentes de ambos países colaborarán directamente en la prevención e investigación de delitos como terrorismo, tráfico de personas, drogas, armas o corrupción.

El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, que ordena las medidas para prevenir estas prácticas, proteger y reparar a las víctimas y reforzar la cooperación internacional. La resolución da publicidad al acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Establece un convenio entre España y Andorra para cooperar en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, y en materia de seguridad. Incluye delitos como terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero y falsificación, entre otros.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Aprueba los modelos 234, 235 y 236 para declarar a Hacienda información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Regula quién debe presentarlos, su contenido, los plazos y la presentación electrónica.

Establece reglas entre España y el Reino Unido, en relación con Gibraltar, sobre residencia fiscal de personas y entidades, cooperación administrativa en materia fiscal e intercambio de información. También fija la aplicación en Gibraltar de normas de transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales.

España se obliga a cumplir el Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos. El Convenio pide tipificar como delito la extracción ilícita de órganos y su uso, y establece medidas de protección de víctimas y testigos, prevención y seguimiento entre los países firmantes.

Modifica la Ley General Tributaria para obligar a comunicar a la Administración determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Traslada al derecho español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal. La obligación afecta a los intermediarios que diseñan o comercializan estos mecanismos y a los contribuyentes que los usan.

Actualiza los diseños y contenidos de varias declaraciones informativas tributarias: modelos 115, 180, 198, 182, 189, 187 y 289. Incluye cambios en los códigos de situación de inmuebles y en los campos de operaciones financieras, y permite cumplir el modelo 198 mediante el Índice Único Notarial desde 2022.

Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.