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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de La Rioja de 2023. La norma autonómica declaraba urgente, sin motivación, la tramitación de gastos financiados con fondos europeos de recuperación. El tribunal examina si esa regulación invade competencias estatales sobre contratación pública y procedimiento administrativo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de medidas fiscales y administrativas de La Rioja para 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra, que modifican la Ley Foral de Contratos Públicos. Se impugnan las nuevas letras l) y m) del artículo 7.1 y una nueva disposición adicional vigesimoprimera.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Aragón contra varios artículos de la Ley de contratos del sector público. Declara nulos algunos preceptos estatales sobre el órgano que resuelve el recurso especial en contratación y sobre el perfil del contratante de las entidades locales, y fija la interpretación de otros conforme a la Constitución.

Aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula el concurso de acreedores: cuándo y cómo se declara, sus órganos, efectos sobre el deudor, créditos y contratos, la masa activa y pasiva, el convenio, la liquidación y la calificación del concurso. También regula el derecho preconcursal, es decir, las negociaciones con acreedores antes de la declaración.