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El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

Establece las bases para conceder ayudas económicas a personas que preparan oposiciones para entrar en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado. Regula los requisitos, las obligaciones, los criterios de adjudicación y el procedimiento de concesión.

Crea dos órganos administrativos en el Ministerio de Justicia: la División de Servicios Digitales Departamentales, dependiente de la Dirección General de Transformación Digital, y la División de Oficialía Mayor, dependiente de la Subsecretaría. Regula su creación y adscripción.

Establece que las personas que soliciten becas del Ministerio de Justicia para preparar oposiciones deben hacer todos los trámites por medios electrónicos: presentar la solicitud, aportar documentos y responder a requerimientos. Cada convocatoria indicará el medio electrónico, los sistemas de identificación y firma admitidos y cómo actuar ante fallos técnicos.

Crea una segunda sede electrónica asociada al Ministerio de Justicia, con dirección https://sede2.mjusticia.gob.es, para publicar nuevos procedimientos y servicios y trasladar algunos de los ya existentes en la sede actual.

Encarga al Ministro de Justicia coordinar en todo el Estado la actividad de los funcionarios de la Administración de Justicia durante el estado de alarma por el COVID-19. También coordina los servicios de los colegios profesionales, como el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.