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Aprueba los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026: fija los créditos iniciales, su financiación y los beneficios fiscales. Regula la gestión del gasto, las modificaciones presupuestarias, los gastos de personal, las subvenciones, la deuda pública y las normas tributarias.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece que, en la Comunidad de Madrid, el concebido no nacido se considere hijo ya nacido a efectos de las medidas de apoyo a la familia. Regula cómo se acredita esa asimilación y el reconocimiento de la condición de familia asimilada a familia numerosa.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026, con todos sus ingresos y gastos. Regula también las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de deuda y avales, la contratación y los convenios, y las relaciones presupuestarias con los ayuntamientos.

Concede un suplemento de crédito para cubrir necesidades adicionales de financiación de servicios públicos esenciales, ante la prórroga del presupuesto de 2024. También autoriza operaciones de endeudamiento y la concesión directa de determinadas subvenciones de interés público.

La ley crea nuevas reducciones fiscales en la Comunidad de Madrid para quien recibe una empresa familiar por herencia o por donación. Modifica la normativa autonómica sobre tributos cedidos para mejorar estos beneficios fiscales.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

La ley establece la gratuidad de los estudios oficiales de grado universitario o equivalentes en La Rioja. Regula los requisitos para aplicar la exención del pago de la primera matrícula y fija un calendario de implantación.

Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Amplía el periodo durante el cual se aplica el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a determinadas operaciones relacionadas con la erupción volcánica de La Palma. Modifica el texto refundido de las normas legales de Canarias sobre este impuesto.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2026: fija los créditos iniciales, su financiación, los beneficios fiscales y las normas de gestión del gasto, endeudamiento y personal. Incluye reglas sobre contratación pública y modificaciones presupuestarias.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

Modifica la Ley 5/2025 de medidas fiscales y administrativas de Galicia. Establece que ciertos gastos con derecho a deducción fiscal solo se justifican si se pagan con medios trazables, como tarjeta, transferencia o cheque nominativo, y no en efectivo.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2026, fijando los créditos iniciales y su financiación. Regula las modificaciones presupuestarias, los gastos de personal, las operaciones de endeudamiento y aval, la gestión presupuestaria, las corporaciones locales y los tributos propios.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Regula la Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid: su sector público, los derechos y obligaciones económicos, los presupuestos, el control interno y la contabilidad, las operaciones financieras y los avales, y la Tesorería. Establece las competencias de cada órgano en materia económica y financiera.