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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2026, que aprueba medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo para las víctimas de la DANA y otras situaciones de emergencia. La convalidación mantiene vigente esta norma.

Establece medidas fiscales en Navarra para responder a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. Amplía plazos para reinvertir beneficios extraordinarios y para la Reserva Especial para Inversiones, y crea una deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas en 2026.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para fortalecer la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. El cambio permite que los gastos se paguen hasta el momento de presentar la justificación, en lugar de exigir el pago dentro del periodo de ejecución del proyecto.

La orden reduce los índices de rendimiento neto del IRPF para 2025 en actividades agrícolas y ganaderas de zonas concretas afectadas por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales. Las reducciones se agrupan por comunidades autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades en un anexo.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, que siguen prorrogados para 2026. El decreto-ley fija el importe del suplemento, cómo se financia y autoriza su ejecución.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al firmar operaciones de endeudamiento y derivados.

Amplía el periodo durante el cual se aplica el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a determinadas operaciones relacionadas con la erupción volcánica de La Palma. Modifica el texto refundido de las normas legales de Canarias sobre este impuesto.

Modifica la instrucción de gestión contable de las entidades de la Seguridad Social para que los documentos contables se elaboren, registren y justifiquen por medios electrónicos. El papel queda como opción residual y transitoria. También simplifica el registro de traspasos de fondos entre cuentas bancarias de la Tesorería General.

Regula cómo se reparte el dinero que el Estado recauda con el Impuesto sobre actividades de juego en las apuestas deportivas mutuas. Fija qué parte reciben las ligas de fútbol profesional masculina y femenina, la Real Federación Española de Fútbol y otros beneficiarios, y ordena la gestión y justificación de las subvenciones.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2026: fija los créditos iniciales, su financiación, los beneficios fiscales y las normas de gestión del gasto, endeudamiento y personal. Incluye reglas sobre contratación pública y modificaciones presupuestarias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, sobre medidas urgentes en materia de transporte. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Actualiza los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, que regula el Fondo de cohesión sanitaria. Estos anexos recogen las patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos atendidos en centros de referencia que se compensan con cargo a ese Fondo.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que fijaba un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados para sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La extinción se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio tribunal.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.