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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que fija el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales usan esta tabla para calcular el límite de coste de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que sirven para calcular el coste máximo de las operaciones de endeudamiento de comunidades autónomas y entidades locales. La tabla se publica cada mes y los costes publicados siguen vigentes hasta que se publiquen otros nuevos.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adhesión al Fondo de Ordenación para 2027. La lista se publica en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales y cada municipio puede consultar si está incluido. Los municipios incluidos tienen un mes, ampliable en quince días, para presentar su solicitud.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, que adopta medidas sobre los recursos de los sistemas de financiación territorial. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al firmar operaciones de endeudamiento y derivados.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que sirven para calcular el coste máximo de las operaciones de endeudamiento de comunidades autónomas y entidades locales. La tabla recoge datos del 8 de abril de 2026 y se aplica según la vida media de cada operación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025. Esa disposición modifica el reglamento sobre los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales.

Establece reglas específicas para tramitar y ordenar el presupuesto de las ayudas que reciben los ayuntamientos, diputaciones, comarcas y áreas metropolitanas afectados por las borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. También aprueba los modelos de solicitud que deben presentar.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al endeudarse para cumplir el principio de prudencia financiera.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.