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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Establece una ayuda extraordinaria para entidades, empresas y autónomos que gestionan instalaciones juveniles (casas de colonias, albergues, granjas escuela, aulas de naturaleza y campamentos). También fija medidas urgentes para las cooperativas catalanas y modifica dos decretos-ley anteriores de medidas sociales y de apoyo al tercer sector social.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.

Establece medidas extraordinarias en Navarra para responder al aumento de casos de COVID-19. Regula el cierre y horarios de ocio nocturno, hostelería y sociedades gastronómicas, las visitas en residencias, los eventos multitudinarios, las pruebas PCR y el consumo de tabaco.

Establece medidas económicas, sociales y culturales para paliar los efectos de la COVID-19. Incluye apoyo financiero a proyectos culturales, una prestación para suministros básicos de profesionales de las artes, ayudas a familias para actividades de ocio educativo de verano y ayudas a entidades de ocio y contratación de jóvenes en prácticas.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.