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El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto entre el Gobierno y el Senado sobre la tramitación de una proposición de ley para derogar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El Gobierno considera que la iniciativa afecta a ingresos presupuestarios y que el Senado debió aceptar su veto presupuestario.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Gobierno contra el Senado. El conflicto se refiere al acuerdo de la Mesa del Senado que admitió a trámite una proposición de ley para derogar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, frente al criterio del Gobierno basado en el artículo 134.6 de la Constitución.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Establece un régimen excepcional para el Fondo Canario de Financiación Municipal de 2020 y modifica la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. También deroga varias normas, entre ellas el artículo 80 de la Ley de Presupuestos de Canarias de 2019 y el Decreto ley 12/2020.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.