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Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según tramos de población. Se aplica a municipios de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Ordena su publicación.

El Tribunal Constitucional declara nulos los preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales que obligan a calcular la base del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos con un sistema objetivo de aplicación imperativa. El tribunal considera que ese método puede vulnerar el principio de capacidad contributiva y la prohibición de confiscatoriedad.

Adapta la ley que regula las haciendas locales a varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal que grava la subida de valor de los terrenos urbanos. Establece que no se pague el impuesto cuando no haya aumento de valor y cambia cómo se calcula la base imponible para que refleje el mercado inmobiliario.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 2 a 5 de la disposición adicional trigésima de la Ley de educación de Cataluña, que fijan la financiación de las guarderías municipales. La sentencia se apoya en la doctrina de la STC 159/2021 sobre esa misma financiación.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2021. Las cuantías se asignan por tramos según la población del municipio. Se aplica solo a ayuntamientos de cinco comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación de Cataluña, que fija la financiación de las guarderías municipales. La sentencia analiza si esa norma respeta la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el artículo 5 de la Ley catalana 5/2020, que amplía el impuesto sobre estancias turísticas a los cruceros y permite al Ayuntamiento de Barcelona establecer un recargo. La sentencia analiza si esa regulación respeta las competencias tributarias de la comunidad autónoma.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, en la redacción dada por la Ley 5/2020. La cuestión la plantea la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la asigna a la Sala Primera.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Regula la concesión directa de subvenciones a las entidades locales que prestan el servicio de transporte público. Establece quiénes pueden recibirlas, la cuantía, el procedimiento de concesión, las obligaciones, la financiación, el pago y la justificación.