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Actualiza las metodologías para calcular los cargos del sistema gasista, la retribución regulada de los almacenamientos subterráneos básicos y los cánones por su uso. La revisión se hace al terminar el periodo regulatorio de seis años y fija los valores para el año de gas 2027.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Modifica varias normas sobre pesca y fondos europeos agrícolas. Adapta la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC a los cambios del Reglamento (UE) 2025/2649, que suprime la liquidación del rendimiento. También ajusta las ayudas a organizaciones profesionales del sector pesquero y la primera venta de productos pesqueros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Actualiza los modelos y el procedimiento para declarar e ingresar por vía electrónica los recargos que las aseguradoras recaudan a favor del Consorcio de Compensación de Seguros. Incluye los recargos del nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos personales ligeros y permite compensar extornos de recargos hasta 180 días tras el fin de la cobertura.

Modifica la Orden HAP/2105/2012, que regula qué información deben enviar las comunidades autónomas y las entidades locales sobre sus cuentas. Añade nuevos datos a remitir, como los planes presupuestarios a medio plazo, los pasivos contingentes ligados a catástrofes y clima y la incidencia en déficit y deuda de determinados organismos y fondos. Incorpora así al derecho interno la Directiva (UE) 2024/1265.

Establece cómo se hacen por medios electrónicos, informáticos y telemáticos las actuaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos que tramita la Dirección General de Tributos. También prevé la aprobación de un formulario para presentar consultas y de un modelo de representación voluntaria.

Regula cómo las instituciones de inversión colectiva pueden prestar temporalmente valores y otros instrumentos financieros de su cartera. Fija reglas, límites, garantías y obligaciones de control e información para gestoras, sociedades de inversión y depositarios.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Modifica varias circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para adaptarlas al Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Establece cómo los proveedores de servicios de criptoactivos deben remitir información a la CNMV para su supervisión.

Modifica tres circulares de la CNMV sobre fondos de inversión y entidades de capital riesgo. Adapta las normas de la comisión de gestión sobre resultados a las directrices europeas, exige a los fondos de inversión a largo plazo europeos presentar estados de información y establece la presentación electrónica de varios informes.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.