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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, que establece medidas urgentes para responder a la amenaza arancelaria y relanzar el comercio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación concedida a empresas por entidades financieras. El Instituto de Crédito Oficial gestiona estos avales, que cubren el capital impagado de cada operación. Se enmarca en las medidas de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación a hogares, empresas y autónomos afectados por la DANA. También ordena al ICO ampliar el plazo de los avales ICO COVID e ICO Ucrania cuando los préstamos estén suspendidos por el Real Decreto-ley 6/2024.

Amplía en 350.000 euros el presupuesto del programa de ayudas para instalar energías renovables térmicas en distintos sectores de la economía. Ese importe adicional se asigna al Principado de Asturias.

Regula la actividad y el funcionamiento del Fondo de Coinversión (FOCO), un fondo estatal sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Establece las condiciones de elegibilidad de coinversores y operaciones, y la composición y competencias de sus órganos de gestión.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales públicos para financiación de empresas y autónomos, dotado con 4.500 millones de euros y gestionado por el ICO. También amplía plazos de solicitud y concesión de avales anteriores y regula su reasignación entre regímenes de ayudas.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

El Consejo de Ministros autoriza un aval de hasta 500 millones de euros a CERSA, la sociedad pública que reafianza a las sociedades de garantía recíproca. Este aval se carga a la línea de 10.000 millones de euros creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. También se amplía el plazo para reponer el fondo de provisiones técnicas de CERSA.

Modifica el acuerdo que fija las condiciones del primer tramo de avales públicos a empresas y autónomos. Eleva los importes máximos de aval por beneficiario para ajustarlos a la modificación del Marco Temporal europeo de ayudas de Estado.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 13/2022, que crea un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y mejora la protección por cese de actividad. La convalidación mantiene vigente la norma.

El Consejo de Ministros ordena al Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliar el plazo de vencimiento de los avales públicos concedidos a empresas y autónomos al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También permite a CERSA ampliar los vencimientos de sus reavales, con un plazo máximo de diez años.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Añade 30 millones de euros a Asturias y 25 millones a Cataluña, a petición de ambas comunidades.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas con aval público de empresas y autónomos. Las entidades financieras adheridas deben mantener hasta el 30 de septiembre de 2022 los límites y condiciones de las líneas de circulante concedidas a sus clientes.