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Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso de la ley canaria que exigía tener el domicilio social en Canarias para aplicar una deducción en el impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito. El tribunal considera que ese requisito vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre un inciso de la Ley 4/2012 de Canarias, que se refiere al domicilio social de las entidades de crédito. Las partes en el recurso de amparo relacionado pueden personarse en el plazo de quince días.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.