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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Amplía en tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento. Garantiza el mantenimiento de los ingresos ordinarios durante esas tres semanas y aumenta la duración del permiso en las familias monoparentales. Modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de la Seguridad Social.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los permisos por nacimiento y cuidado de menor. Declara inconstitucional que la ley no permita a las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, ampliar su permiso con el que correspondería al otro progenitor.

Desarrolla cómo las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben negociar y aplicar un conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, incluido un protocolo de atención al acoso o la violencia. Regula el procedimiento de negociación, el contenido y la vigencia de esas medidas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que añadió al Código Penal el artículo 172 quater, que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente el embarazo y a los profesionales sanitarios de esos centros. La sentencia analiza si esa norma respeta el principio de legalidad penal y las libertades ideológicas y de expresión.

Modifica la norma que regula el distintivo «Igualdad en la Empresa», un reconocimiento para empresas que destacan por aplicar políticas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Ajusta los requisitos de participación y los criterios de evaluación de las convocatorias.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Real Decreto-ley 6/2019, que establece medidas urgentes para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. La sentencia analiza si el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la norma.

España se adhiere al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, adoptado en Ginebra el 16 de junio de 2011. El Convenio tiene 27 artículos y establece normas sobre las condiciones de este trabajo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, sobre medidas urgentes para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba y publica el procedimiento oficial para valorar los puestos de trabajo, con el fin de aplicar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres en las empresas. Este procedimiento se usa en la auditoría retributiva y en el registro retributivo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, que modificó el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo para entidades públicas y privadas que colaboren en la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión. Establece los requisitos, el procedimiento de solicitud, concesión, vigencia y revocación, y los compromisos de quienes lo obtienen.

Modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. También castiga el acoso a los trabajadores sanitarios de esos centros. El tribunal puede prohibir al autor acercarse a determinados lugares.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.