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Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Actualiza la composición y el funcionamiento de varios órganos consultivos y del organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad para adaptarlos a la nueva estructura de los ministerios. Ajusta la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la Cruz Roja Española, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Foro de Cultura Inclusiva. También busca una presencia equilibrada de mujeres y hombres y la participación de las personas con discapacidad.