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Modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para reforzar el sistema español de investigación. Cambia contratos laborales del personal investigador, crea la Agencia Espacial Española y regula planes de igualdad y financiación en I+D+I.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones para exigirla y aplicarla. Crea un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y prevé un reglamento de condiciones básicas y un Plan Nacional de Accesibilidad.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Modifica la norma que crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI. Permite que las organizaciones de la sociedad civil LGTBI puedan ocupar la Vicepresidencia Segunda y amplía la Comisión Permanente con nuevas vocalías.

Modifica el Real Decreto que crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Cambia su composición, su forma de tomar decisiones y sus normas de funcionamiento, e incorpora la composición paritaria y el lenguaje no sexista.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI como espacio de encuentro entre administraciones, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Regula su funcionamiento para dar transparencia y eficacia a las políticas de igualdad, no discriminación e inclusión de este colectivo.