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Modifica el Real Decreto que crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Cambia su composición, su forma de tomar decisiones y sus normas de funcionamiento, e incorpora la composición paritaria y el lenguaje no sexista.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Regula cómo se elaboran, negocian y registran los planes de igualdad en las empresas. Establece el contenido mínimo del diagnóstico y del plan, los plazos de negociación y el registro donde deben inscribirse. También regula el depósito de protocolos contra el acoso sexual.

Crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI como espacio de encuentro entre administraciones, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Regula su funcionamiento para dar transparencia y eficacia a las políticas de igualdad, no discriminación e inclusión de este colectivo.

Establece la organización interna del Ministerio de Sanidad, desde sus órganos superiores hasta las subdirecciones generales, y reparte sus funciones en materia de salud, planificación sanitaria, salud pública, farmacia y ordenación profesional. También modifica la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Igualdad hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos superiores y directivos y sus competencias en materia de igualdad, violencia de género y no discriminación.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.

Reorganiza la Presidencia del Gobierno y fija qué órganos la componen, como el Gabinete del Presidente, la Secretaría General, la Secretaría de Estado de Comunicación y dos altos comisionados. También detalla las funciones de cada uno y crea una Oficina Nacional de Prospectiva y un Comité de Dirección.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.