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Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

Modifica las condiciones de una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los servicios de atención telefónica y telemática a mujeres víctimas de violencia machista, dentro del Plan de Recuperación. Cambia el plazo de ejecución y de justificación de las actividades y ajusta la resolución de concesión.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 2/2010, que regula la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. La sentencia avala el sistema de plazos y las garantías de acceso, y considera que la vida prenatal es un bien protegido, pero no absoluto.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, sobre medidas urgentes para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.

Establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben cumplir los bienes y servicios a disposición del público para que las personas con discapacidad puedan acceder y usarlos en igualdad de condiciones. Regula obligaciones generales, ajustes razonables, atención al público y normas específicas por sectores.

Modifica el Real Decreto 1042/2021 para ampliar el plazo de ejecución de la subvención concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esa subvención financia la modernización de los servicios de atención a víctimas de violencia machista y la creación del Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección (CEC-ATENPRO) en Alcorcón.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones financian proyectos de accesibilidad universal a la vivienda para personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, y proyectos de innovación, investigación y divulgación sobre accesibilidad, incluidos un centro de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre autismo.

Modifica las normas de los planes estatales de vivienda y del Bono Alquiler Joven. Permite que la Comisión de Seguimiento de cada convenio valore si la atención prioritaria a personas vulnerables ya está cubierta por otras ayudas autonómicas o locales. También cambia el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y los programas de rehabilitación del Plan de Recuperación.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Establece las bases para conceder ayudas, en concurrencia competitiva, a universidades y centros académicos oficiales de postgrado. Estas entidades reparten el dinero en forma de becas a estudiantes para fomentar la formación y la investigación sobre políticas de inclusión.