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Prorroga medidas de protección social que terminaban el 9 de agosto de 2021 para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Incluye medidas en materia de vivienda y de violencia de género, y modifica normas anteriores para mantener su vigencia.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.

Crea subvenciones para entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, con el fin de apoyarlas ante el aumento de demandas sociales por la crisis del COVID-19. Regula los gastos subvencionables, las entidades beneficiarias, el procedimiento de concesión y la cuantía y financiación.

Declara servicios esenciales los servicios de asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma por el COVID-19. Regula su funcionamiento, el seguimiento telemático de medidas cautelares y el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.