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Regula la concesión directa de subvenciones a cuatro entidades (Fundación CEPAIM, Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano y Federación Española de Universidades Populares) para desarrollar el programa SARA. Este programa se dirige a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como migrantes, de etnia gitana, jóvenes y mayores de 45 años.

Establece las bases para conceder subvenciones en 2020 dentro del Programa europeo Cuerpo Europeo de Solidaridad, que promueve el voluntariado y la participación de jóvenes y organizaciones en actividades de solidaridad. Fija requisitos, criterios de concesión, pagos y control de las ayudas.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para incluir el reconocimiento automático de cualificaciones profesionales obtenidas en Croacia antes del 8 de octubre de 1991. Con ello completa la incorporación de la Directiva europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.