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Establece medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar actuaciones y proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, gestión, tramitación y control de estos fondos, con especialidades en convenios, presupuestos, subvenciones, contratación y personal.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para incorporar normas de la Unión Europea que neutralizan las asimetrías híbridas. Estas asimetrías son situaciones en las que un mismo pago o gasto se deduce dos veces o se deduce sin tributar.

Publica el listado de entidades del Tercer Sector que actúan como mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado. Estas entidades pueden certificar la situación de consumidor vulnerable o vulnerable severo para evitar el corte de luz, gas y agua.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Modifica la Ley General Tributaria para obligar a comunicar a la Administración determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Traslada al derecho español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal. La obligación afecta a los intermediarios que diseñan o comercializan estos mecanismos y a los contribuyentes que los usan.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Exime del IRPF el ingreso mínimo vital y otras ayudas de subsistencia hasta un límite conjunto anual. También aprueba una ampliación de crédito para el Ministerio de Hacienda y modifica dos leyes fiscales para ejecutar sentencias judiciales.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector y otras organizaciones. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación para tres ámbitos: servicios sociales y familias, discapacidad y juventud.

Crea subvenciones para entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, con el fin de apoyarlas ante el aumento de demandas sociales por la crisis del COVID-19. Regula los gastos subvencionables, las entidades beneficiarias, el procedimiento de concesión y la cuantía y financiación.

Crea la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional dentro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La unidad coordina la actuación de la inspección frente al fraude en desplazamientos temporales de trabajadores entre países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.