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La ley regula en La Rioja la recuperación de la memoria democrática: localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, censo de víctimas y personas desaparecidas, exhumaciones, lugares de la memoria, acceso a archivos y retirada de símbolos. También crea un Consejo Asesor y un régimen sancionador.

Establece reglas especiales para anotar en el Registro de la Propiedad bienes de personas sancionadas por la Unión Europea que figuran a nombre de testaferros. También fija un procedimiento excepcional para gestionar fondos disponibles en los servicios del exterior.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas, en concurrencia competitiva, a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres. Fija los requisitos de las entidades solicitantes, el procedimiento, los criterios de valoración y las obligaciones de las beneficiarias.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

La ley establece medidas sociales y económicas. Declara exento del IRPF el ingreso mínimo vital, junto con otras ayudas de comunidades autónomas y entidades locales, hasta un límite anual conjunto. También concede una ampliación de crédito al Ministerio de Hacienda para ejecutar sentencias judiciales.

Establece el procedimiento para elegir hasta tres candidaturas de España al Grupo de Expertos del Consejo de Europa contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO). Fija los requisitos, el plazo de presentación y el comité que selecciona las candidaturas.

Suspende la tramitación de nuevos expedientes de adopción internacional en China. La medida afecta a las nuevas solicitudes, mientras que los expedientes ya iniciados siguen su curso pendientes de que China permita viajar a las familias.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

Publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre cómo se programará el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en la lucha contra la privación material. El acuerdo describe la gestión del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) 2014-2020 y su paso al FSE+.

Modifica la distribución por comunidades autónomas de créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para 2021. Estos fondos financian proyectos de competencias digitales y de políticas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, que ordena las medidas para prevenir estas prácticas, proteger y reparar a las víctimas y reforzar la cooperación internacional. La resolución da publicidad al acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación. Estos proyectos buscan modernizar los servicios sociales y los modelos de atención a personas mayores, infancia y personas sin hogar, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Autoriza la concesión directa de una subvención a la entidad «Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa» para incentivar que jóvenes de nacionalidad francesa o franco-española cursen estudios de grado y postgrado en España. La norma fija las actuaciones a financiar, el plazo de ejecución, el procedimiento de concesión, las obligaciones de la entidad beneficiaria y el régimen de justificación y reintegro.